La información fue difundida por el Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados (SITEA) que, en un comunicado de prensa, indicaron que “en horas de la mañana de este viernes, en la Unidad Fiscal de Capital, imputaron a nuestro secretario general, Federico Lorite, por "entorpecimiento del normal funcionamiento de los transportes por tierra". La medida incluye también a Raquel Blas y a Roberto Macho, dirigentes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

 

Entendemos que el hecho contiene una gravedad inusitada en tiempos de democracia, el Gobierno autoritario del gobernador Cornejo pretende realizar un fuerte atropello a los representantes sindicales de los trabajadores estatales de la provincia, por lo que entendemos que es una provocación lisa y llana, antes de comenzar la negociación paritaria de la Administración Central, con este tipo de acciones pretenden aleccionar a los trabajadores para que no protesten ni defiendan sus derechos de manera colectiva.

 

Esta acción ejecutada por el Gobierno Provincial de la Alianza Cambiemos es una medida que lo define como el gobierno más autoritario desde la vuelta de la democracia en nuestra provincia, sin ningún tipo de dudas.

 

Los gobiernos nacional y provincial actuales están realizando una campaña de demonización del empleado público y de sus representantes sindicales, la cual comenzó durante la campaña de la Alianza Cambiemos a partir de la cual pretenden allanar el camino para avanzar sobre los derechos adquiridos por los trabajadores estatales, violando las paritarias y toda legislación sobre el derecho a huelga consagrado por la Constitución.

 

No solo vienen a realizar un ajuste a los programas sociales, a la educación y a la salud, sino que también pretenden, a partir de la declaración de la "emergencia" en los distintos sectores de aplicación de las políticas públicas, realizar compras directas sin límites para enriquecer a determinados sectores con acuerdos por miles de millones de pesos. Con la autorización al endeudamiento siguen sosteniendo que la crisis provincial es enorme, y todavía no toman una sola medida salvo disminuir actividades culturales, despedir trabajadores, demonizar a los trabajadores estatales, demonizar a los representantes sindicales de los trabajadores, tratar de ñoquis a los empleados públicos, etc.

 

Entendemos que el esquema de ajuste solo es posible si el gobierno utiliza herramientas de represión y judicialización de la protesta.

 

No es menor el aleccionamiento recibido por la quita de la mayor dedicación, el final de las adscripciones, la persecución de los funcionarios contra los trabajadores y que no hace más que general malestar social en las oficinas de trabajo, entre otras consecuencias.

 

Sostenemos estar haciendo uso del Derecho Constitucional a peticionar y del derecho a huelga. Y que en los acontecimientos nada sucedió fuera de las lógicas cotidianas de manifestación pública. Lo que hace el Ejecutivo es atentar contra las facultades de organización sindical y es anticonstitucional.

 

Es errado pensar que los trabajadores del Estado, ante estas provocaciones, daremos media vuelta y volveremos a los puestos de trabajo. Este tipo de acciones no hacen más que fortalecer la unión de los trabajadores para sostener los derechos que hemos conseguido e ir por todos los derechos que faltan.

 

El Sindicato de Trabajadores del Estado Autoconvocados sostiene su postura:

 

En contra de la política de ajuste de los gobiernos nacional y provincial, que bajo la falacia de la “modernización”, están aplicando un brutal achicamiento del Estado que comienza por los trabajadores, con despidos, recortes de sueldos, cierre de reparticiones completas y una política de miedo para desmovilizar al movimiento obrero en todo el país.

 

En contra el tarifazo que genera una disminución del poder adquisitivo de los trabajadores, trasladando ingresos de los sectores medios y bajos a las empresas que prestan estos servicios.

 

En contra de la criminalización de la protesta, imputando a los secretarios generales de los sindicatos que representas a los trabajadores estatales.

 

Vamos por la recuperación de las siete horas de trabajo y por un mínimo de 35% no ya de aumento de sueldo sino de recomposición salarial, puesto que la devaluación y la inflación ya arrasaron con el poder adquisitivo de los trabajadores.

 

Marchamos también con un mensaje de unidad hacia los otros gremios de la provincia. Por lo que seguiremos acompañando a los distintos sindicatos para que consigan las reivindicaciones solicitadas.

 

En síntesis, contra el “cambio” a favor de unos pocos, contra la nueva y nefasta restauración conservadora que intentan imponer la Nación y la Provincia en favor de las corporaciones económicas y las clases privilegiadas, que son las únicas que se han beneficiado con las políticas implementadas desde el 11 de diciembre de 2015 en la Argentina.

 

Comunicado de SITEA

Enrique Pfaab